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Argentina: Iglesia llama al diálogo ante el estallido más fuerte del año electoral

ARGENTINA

Edgardo A. VALERA / TELAM / AFP

Esteban Pittaro - Aleteia Argentina - publicado el 21/06/23

Sucedió en Jujuy, donde la aprobación de una nueva constitución provincial generó rechazo de algunos grupos sociales y políticos

A días de la definición de los candidatos que competirán desde agosto en la serie de elecciones en las que se definirá el nuevo presidente del país, y en una provincia gobernada por uno de ellos, la violencia ganó terreno en rutas, calles y plazas.

Coches incendiados, decenas arrojando piedras contra edificios públicos, otras decenas de policías movilizados a pie y caballo para disipar a los grupos, tomaron protagonismo en Jujuy, donde se aprobó una nueva constitución provincial que generó rechazó de algunos grupos sociales y políticos. Más de 150 heridos según la agencia Télam, uno muy grave según la prensa local, y 68 detenidos.

Según el gobernador radical Gerardo Morales, y también referentes de la plataforma política a la que se integra Juntos por el Cambio, se trata de movilizaciones provocadas adrede por grupos alineados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del movimiento kirchnerista, aunque la propia vicepresidenta se despegó de ellos.

La voz de la Iglesia

La Iglesia está presente en la provincia de Jujuy desde dos jurisdicciones: la prelatura de Humahuaca y el Obispado de Jujuy. Ante los hechos, el prelado de Humahuaca, monseñor Félix Paredes Cruz, convocó «a todos los sectores de la sociedad» a un diálogo.

«Principalmente a nuestros gobernantes, dirigentes políticos y sociales, a apostar por la inmediata pacificación social y convocarse al diálogo, un diálogo donde no primen los intereses políticos, ideológicos, sectoriales, etcétera, sino que se tienda a establecer la convivencia y la paz social, un bien y un derecho de todos los ciudadanos», sostuvo.

«La Iglesia, siguiendo los principios evangélicos, siempre estará a favor de la PAZ, y la JUSTICIA (sic), de la cultura del encuentro entre los ciudadanos y entre los Pueblos; por lo mismo, rechazamos toda confrontación y violencia, todo atropello a la libertad y la dignidad de las personas», completó.

En la misma línea, el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, clamó: «No podemos estar unos contra otros, sino que todos debemos estar unidos en lo único que interesa que es el bien del pueblo jujeño. De modo particular, rechazamos toda violencia, venga del lado que venga porque atenta contra la dignidad de cada persona humana y lleva a un punto sin retorno o del que es muy difícil volver”.

Además, señaló: «Habrá que examinar muy detenidamente por qué hemos llegado a la situación que vivimos hoy para ponerle pronto remedio y recomenzar desde bases sólidas y desde consensos compartidos. Que cada uno haga su aporte con grandeza y generosidad».

El origen del problema

Si bien ya la espiral de violencia parece haber tomado un vuelo independiente del origen de los conflictos, la polémica fue suscitada inicialmente por pretendidas reformas en la nueva carta magna provincial, particularmente tres.

Por un lado, una que expresa proteger «el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica» para lo que el Estado «debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas».

Este punto marca límites de acción constitucionales a nivel provincial a los grupos denominados piqueteros.

Por otro lado, también pretendía ampliar la redacción de un punto referido a los grupos aborígenes, en la que se aclaraba de manera explícita y activa varios puntos de la relación entre el Estado y los pueblos, incluso uno que se refería a los recursos naturales y minerales.

No obstante, ante la polémica, este punto fue retirado. Lo mismo que el tercer punto polémico para algunos, que abolía la confiscación de bienes. Y que ante la ocupación ilegítima de propiedades privadas anunciaba una ley especial que determinaría condiciones para el desalojo y el que «el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo».

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