La Conferencia Episcopal Panameña (CEP), recién emitió un comunicado en donde establece con claridad el qué y el por qué de la postura de la Iglesia católica frente a la posibilidad de homologar el llamado matrimonio igualitario con el matrimonio entre mujer y varón en ese país centroamericano.
Los obispos de Panamá subrayan en su comunicado que “la promoción y la defensa de la institución familiar ha sido siempre preocupación de la Iglesia por su incidencia en el bien y en la felicidad de la persona humana y de la sociedad”.
La Constitución de Panamá establece a la familia como base de la sociedad. “En virtud de esto, escriben los obispos, apoyamos toda legislación que favorezca y proteja la naturaleza propia de la familia, su identidad, su estabilidad, su bienestar y los derechos de todos sus integrantes”.
Sobre la cada día más insistente propuesta legislativa sobre el “matrimonio igualitario”, los prelados centroamericanos reafirmaron que “la familia y el matrimonio no responden a una ordenación política, jurídica o cultural meramente coyunturales. En realidad, anteceden a la religión, al Estado y a sus leyes, imponiéndose a ellos, tal cual son, en virtud de su intrínseca fuerza y belleza”.
Desde luego que comparten con el Estado panameño su obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra las personas que sienten atracción por el mismo sexo o contra cualquier otro ciudadano.
“Sin embargo, aclararon los obispos de la CEP, una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y patrimoniales y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico como matrimonios lo que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal”.
Compromiso con el bien común
Consideraron que, para tutelar eficazmente los derechos de las personas que sienten atracción por el mismo sexo, “no es necesario, ni prudente, someter a la institución matrimonial a modificaciones artificiosas o a una reingeniería social contraria a su naturaleza y dinamismo”.
E hicieron sabe que llevar a cabo estas modificaciones en la ley es una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias negativas no se logran, todavía, vislumbrar. Las autoridades competentes, en cumplimiento de su alta responsabilidad, no deben “ligeramente” plegarse a hechos sociales, a presiones mediáticas o de grupos de interés, para otorgar *derechos* que afectan al matrimonio natural entre un hombre y una mujer. “Su compromiso es legislar para la promoción del bien común y de la justicia” subrayaron en el párrafo central de este comunicado.
Y sentenciaron los obispos panameños: “Dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre un hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el *privilegio* de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia”. Recordaron que justicia no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que realmente le corresponde.
Señalando que una ley así ahondaría la crisis que vive actualmente la familia panameña, recordaron que el matrimonio no se trata de una unión meramente afectiva, es también una unión natural y jurídica, orientada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua entre los cónyuges.
“De ese modo, cimentando las bases de la familia, el matrimonio contribuye de manera insustituible al bien común de la sociedad”, terminaron diciendo, en este importante comunicado, los obispos de Panamá.
