El expresidente de Brasil Luis Inácio “Lula” Da Silva fue nombrado ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete o ministro de Presidencia) y esta designación volvió a suscitar polémica y advertencias de parte de la oposición debido a que al asumir estas funciones podría tener fueros parlamentarios de cara a las denuncias que recaen en su contra.
Gracias a este nuevo estatus, “solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la instancia judicial más alta en ese país”, subraya BBC Mundo.
Algunos analistas entienden que igual podría ser juzgado; sin embargo, otros lo ponen en duda.
De todos modos, luego de la ceremonia de este jueves donde «Lula» asumió su nuevo cargo, un juez frenó de forma cautelar esta nominación.
«A la luz del riesgo de perjudicar el libre ejercicio del poder judicial (…) Concedo la petición de una medida cautelar para suspender la nominación del Sr. Luiz Inácio Lula da Silva», indicó el juez en decisión, según publicó la agencia Reuters.
Desde hace varias semanas Brasil acapara la atención internacional por la crisis política, económica y social que atraviesa a raíz del escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras en el que están involucrados varios políticos y personalidades, entre los que se encuentra precisamente “Lula”.
A esto se suman protestas callejeras continuas en varios puntos de Brasil contra el gobierno de la actual presidenta Dilma Rousseff, quien también se ve salpicada por todos estos hechos.
Llamado al diálogo
Es por ello que ante esta compleja coyuntura que atraviesa el país, los obispos brasileños expresaron preocupación a través de un comunicado e hicieron un llamado al diálogo para la construcción de un país más “justo y fraterno”.
“Vivimos una profunda crisis política, económica e institucional que tiene como telón de fondo la ausencia de referentes éticos y morales, pilares para la vida y organización de la sociedad”, indican.
“La búsqueda de respuestas pide discernimiento, con serenidad y responsabilidad”, aseveran por otro lado.
“Cualquier solución que atienda a la lógica del mercado y a los intereses partidarios antes que a las necesidades del pueblo, especialmente de los más pobres, niega la ética y se desvía del camino de la justicia”, prosiguen.
Los obispos entienden que para superar la crisis se necesita el rechazo “de toda forma de corrupción” e incrementar también el desarrollo sustentable. En ese sentido, llaman al “diálogo comprometido entre los responsables de la administración de los poderes del Estado y la sociedad.”
“Es inadmisible alimentar la crisis económica con la actual crisis política. El Congreso Nacional y los partidos políticos tienen el deber ético de favorecer y fortalecer la gobernabilidad”, establecen.
De todos modos, los obispos sostienen que “las sospechas de corrupción deben ser estrictamente investigadas y juzgadas por las autoridades competentes”.
“Esto garantiza la transparencia y se reanuda el clima de credibilidad nacional. Reconocemos la importancia de la investigación y sus consecuencias. También las instituciones formadoras de opinión pública tienen un papel importante en la reanudación del desarrollo, la justicia y la paz social”, afirman.
“El momento actual no debe ser provocador de ánimos y más bien debe asumirse con exhaustividad el ejercicio del diálogo, aunque sin negar el derecho democrático a la manifestaciones populares, las cuales deber ser pacíficas y respetuosas de las personas y las instituciones”, sostienen.
Afirman que es preciso garantizar el Estado democrático de derecho y buscar soluciones pacíficas a las dificultades que enfrenta la nación. “Estamos llamados al diálogo para construir un país justo y fraterno”, concluyen.
Este comunicado fue suscrito por el Consejo Permanente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.
