Movilizaciones en América Latina: luces y sombras

Las protestas callejeras, el cierre de carreteras y los disturbios en plazas y ciudades principales, parecen ser el nuevo lenguaje de protesta que se ha enseñoreado en América Latina.

Venezuela con sus huelguistas de hambre por el tema de la calidad de la educación universitaria; México, por las reformas en materia educativa y energética emprendidas por el gobierno; Colombia, en paro agrario nacional por la ausencia de subsidio al campo y una política gubernamental de importaciones; Chile con el problema de los mapuches; Brasil por las secuelas de las protestas multitudinarias por los costos del Mundial de Futbol y la baja calidad de la educación, y Argentina, por el relevamiento de los territorios que ocupan los aborígenes y las comunidades originarias, entre otras muchas movilizaciones más, hacen del continente una ola de agitación que, en algunos casos, ha desbordado a los gobiernos y ha motivado la intervención mediadora de la Iglesia, institución en la que más confianza depositan los iberoamericanos.

Ciudadanía dispuesta a intervenir

De acuerdo con los observadores de la zona, se trata de un despertar de la sociedad civil para influir, al menos tangencialmente, en las políticas públicas.  La larga tradición de gobiernos militares y dictatoriales de América Latina había producido una sociedad poco motivada a salir a la calle y protestar.  Aunque ahora las protestas se han convertido en un foco de violencia.

Colombia ha sentido en las últimas semanas una fuerte sacudida en su tejido social y ha puesto en marcha a un sector que, ordinariamente, está alejado de las movilizaciones sociales: el sector de los productores agrícolas.  Según el influyente periódico colombiano El Tiempo, “la agitación social que sacude a varios países latinoamericanos, incluido Colombia, deja en claro que la ciudadanía está cada vez más dispuesta a influir en la toma de decisiones”.

En un editorial, El Tiempo aseguró que las calles de Brasil, Argentina, Colombia, México y otros países “están hablando con lenguajes y códigos nuevos que los gobernantes no terminan de comprender, lo que deriva en manejos a veces erráticos de situaciones de crisis”.

“Por lo pronto, deben tener claro que la ciudadanía está cada vez más dispuesta a participar e influir en la toma decisiones, propósito para el cual los canales tradicionales de participación, incluidos los partidos, parecen quedarse cortos”, puntualizó el editorial de este rotativo colombiano.

Según el diario, lo que está pasando en América Latina, donde en algunos de sus países se presentan movilizaciones sociales que “han puesto en aprietos” a gobiernos empeñados en sacar adelante reformas estructurales, “no es aislado”.   El caso de México es paradigmático: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha irrumpido en la capital del país exigiendo que las reformas en materia educativa propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, no se lleven a cabo.

Las marchas han asfixiado al Distrito Federal y han obligado, entre otras cuestiones, a que el propio Peña Nieto, en una decisión sin precedente en la historia moderna de México, cambiara la fecha del Informe de Gobierno del 1 al 2 de septiembre, al tiempo que cancelaba una visita de Estado a Turquía, previa a la cumbre del G-20 en Rusia.

Saldo amargo de las movilizaciones

El diario colombiano apuntó que en lo financiero, Peña Nieto “pretende que se otorgue crédito más barato para que se creen más empresas”, mientras que con la reforma fiscal “busca recursos para invertir en infraestructura, educación y un sistema de seguro social universal”.  Sin embargo, el tema de la reforma energética que se avecina –y que trastoca el monopolio del petróleo que posee el Estado, abriendo participación privada en refinación, exploración y otros rubros de la petroquímica—va a ser un problema aún mayor para Peña Nieto que lo que fue el asunto de la reforma educativa.

En el caso de Colombia, el país ha sido escenario en las últimas dos semanas de protestas campesinas que exigen una salida a la crisis agraria, la cual atribuyen al costo de los insumos, la caída en los precios y la apertura de mercados, dijo El Tiempo.  Las movilizaciones, que han contado con apoyo de los estudiantes, los cuales demandan una reforma que blinde la educación pública superior, han desembocado en brotes de violencia que han dejado cinco muertos, más de 200 heridos y 512 detenidos.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos mantiene el diálogo con los sectores en paro, pero persiste en la militarización de Bogotá y otras zonas del país sudamericano, para prevenir alteraciones del orden público interno. La Iglesia ha intentado mediar en este tema, sin embargo, las protestas no se han detenido. Y amenazan con convertirse en estado permanente mientras la situación agrícola, sobre todo en el departamento de Boyacá, no se normalice.